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	*Presentación del Instituto de Derechos Humanos en el Colegio de Abogados de Lima* El jueves 25 de noviembre al mediodía en el auditorio del Colegio de Abogados de Lima, el Instituto de Derechos Humanos realizó un acto público en el cual presentó ante el país los principios, objetivos y fines que le han dado nacimiento. Como maestro de ceremonias el Jefe de la Oficina de Información Pública (OIP), señor Fernando Yovera, inició el acto realizando una breve síntesis de los antecedentes y razones que han llevado a la creación del IDH. A continuación el Presidente del Instituto, Dr. Luís Alberto Salgado realizó una presentación general de los principios y fines institucionales enfatizando en la importancia que finalmente se instale en el país una cultura de derechos humanos mediante acciones paralelas de educación y formación desde la niñez y la juventud y mediante las políticas públicas en los sectores de educación, salud, justicia, economía, trabajo y seguridad pública. Padre Ricardo Morales B., Presidente del Consejo Consultivo Luego, el Presidente del Consejo Consultivo, Padre Ricardo Morales Basadre, S.J., se dirigió al público y medios de prensa señalando la necesidad que comiencen las concreciones de los compromisos plasmados en los diferentes instrumentos internacionales de los cuales es firmante el Perú, agregando que en el país una parte mayoritaria de la población carece de las condiciones y recursos para satisfacer sus necesidades básicas. Que los modelos económicos neoliberales aplicados hasta la fecha distan mucho de haber cumplido las promesas o anuncios realizados en los años 90 y que, por el contrario, habían generado frustración, incredulidad y/o escepticismo en amplios sectores poblacionales. Intervención de los Directores: Derechos Fundamentales, Salud y Educación Acto seguido hicieron uso de la palabra el Director de Derechos Fundamentales, Dr. Andrés Carbajal Portocarrero, el Director de Derechos a la Salud, Dr. Raúl Morales Soto, y la Directora de Derechos a la Educación, Lcda. Renata Teodori de la Puente. Los tres miembros del Consejo Directivo explicaron las tareas que desarrollarán en cada una de las áreas bajo su responsabilidad señalando la importancia de la complementación de las labores, criterios y objetivos, en atención al carácter indivisible, interdependiente y universal de los derechos humanos. El Dr. Morales apuntó la necesidad de poner al servicio de las poblaciones, los conocimientos y avances realizados en la investigación científica aplicada a la salud y a la medicina a fin de facilitar el acceso a la salud de millones de peruanos quienes ven seriamente afectada su calidad de vida. Asimismo, se refirió a un nuevo concepto de salud que se va instalando en los medios especializados y que está referido a una concepción más integral y trascendente que la referida a la curación de enfermedades. La Lcda. Teodori se refirió a la urgencia que tanto autoridades como población tomen conciencia sobre la necesidad de enfrentar la emergencia que se plantea en el sector educación a partir de la comprobación que nuestro país ocupa uno de los últimos lugares en América Latina en este neurálgico derecho humana. El Dr. Carbajal se refirió a la grave situación de la seguridad pública y a los serios déficits que aparecen en la administración de justicia y en el sistema penitenciario. Oficina de Seminarios y Talleres El responsable de la Oficina de Seminarios y Talleres, sociólogo Raúl A. Haya de la Torre, hoy Vicepresidente del Instituto de Derechos Humanos, explicó brevemente los alcances e importancia de dichas actividades académicas, para coadyuvar en la construcción de una cultura de derechos humanos en la sociedad peruana. Recalcó la necesidad que el IDH se proyecté a la sociedad civil, de manera permanente y sistemática en cumplimiento de sus objetivos institucionales que entiende a la educación en derechos humanos como parte inseparable de la defensa de los mismos. Dr. José Luís Pérez Albela B. Finalmente, el Dr. José Luís Pérez Albela-Beraún, miembro del Consejo Consultivo, agradeció la presencia de los asistentes al acto inaugural de presentación del IDH y formuló votos de bienaventuranza institucionales en las complejas pero hermosas tareas que se realizarán en proyección permanente a la sociedad peruana. Parte de su alocución estuvo referida a la necesidad que la población tome conciencia de sus propias vulnerabilidades y fortalezas, asociando a ello, el carácter perentorio de una cultura de salud y del conocimiento a través de las actividades institucionales, pero también a través de las políticas públicas que el Estado y los gobiernos deben implementar y concretar. Al final del acto se ofreció un vino de honor. ACTIVIDADES *SETIEMBRE 2006* INSTITUTO DE DERECHOS HUMANOS (IDH), Lima www.institutoddhh.org Cambios en el Consejo Directivo del Instituto de Derechos Humanos e incorporación de nuevos asociados El Instituto de Derechos Humanos de Lima informa que el jueves 14 de setiembre en asamblea de asociados llevada a cabo en su local institucional y contando con el quórum respectivo se tomaron las siguientes decisiones: El Presidente del IDH, Dr. Luis Alberto Salgado T. presentó a consideración de la asamblea su renuncia al cargo por haber sido designado Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos (Poder Ejecutivo). La asamblea acordó aceptar la renuncia expresando su sincero reconocimiento y agradecimiento por las tareas, funciones y logros alcanzados durante la gestión del Dr. Salgado. Propuesto como candidato a nuevo Presidente institucional el Dr. Raúl Morales Soto (médico cirujano), fue elegido por unanimidad por la asamblea. Una semblanza del nuevo Presidente del IDH puede ser leída en nuestra página web. Asimismo, en razón de estar ocupando cargos tanto en el Poder Ejecutivo como en el Poder Judicial presentaron sus renuncias como miembros del Consejo Directivo los siguientes directivos del IDH: el Vice-presidente, sociólogo Raúl Arístides Haya de la Torre, el Director de Derechos Fundamentales, Dr. Andrés Carbajal Portocarrero (quien hizo retroactiva su renuncia a mayo del presente año en que empezó a desempeñarse como vocal en la Corte Superior de Lima), la Directora de Derechos a la Educación, licenciada Renata Teodori de la Puente y el Director Ejecutivo, Dr. Fernando Valverde Caman. La asamblea, luego de expresar igualmente su reconocimiento y agradecimiento por la labor desplegada por nuestros ex directivos, acordó por unanimidad aceptar las renuncias formuladas. Propuestos como candidata a la Vicepresidencia del IDH, la Dra. Rosa Luz Quinto Sosa y al cargo de Director de Derechos Fundamentales, el Dr. Enrique Gutiérrez Arbulù, respectivamente, fueron elegidos por unanimidad por la asamblea. Igualmente, el señor Rafael Torrau Ortiz, miembro fundador del IDH fue propuesto como candidato a desempeñarse como Director Ejecutivo siendo elegido por unanimidad. Información sobre los nuevos directivos del IDH aparece igualmente en nuestra página web. Finalmente, la asamblea decidió aceptar la propuesta de incorporación de nuevos miembros asociados al Instituto de Derechos Humanos realizada por varios miembros fundadores habiendo sido incorporados como asociados sin cargo directivo las siguientes personas: el Dr. Juan Manuel Vicuña Ríos, Director de la Escuela Nacional de Emergencias y Desastres de EsSalud, el Dr. José Luis Heraud Larrañaga, médico cirujano, miembro de la Academia Nacional de Medicina y Pdte. del Comité de Fisiología Respiratoria de la Sociedad Peruana de Neumología. Igualmente, han sido incorporados como asociados sin cargo directivo el Ecólogo Wilfredo Pérez Ruiz, Presidente del Patronato del Parque de Las Leyendas y Secretario Ejecutivo de la Sociedad Zoológica del Perú y el Dr. Carlos Núñez, diplomático y funcionario de la Dirección Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores. El Instituto de Derechos Humanos (IDH) de Lima da la bienvenida a sus nuevos miembros y se congratula que tan destacadas personalidades hayan aceptado formar parte de nuestra institución. El Padre Ricardo Morales Basadre, S.J., continúa presidiendo el Consejo Consultivo del IDH que es integrado también por el Dr. José Luis Pérez-Albela Beraún, el Dr. Ricardo Nugent López-Chaves y el Dr. Juan Manuel Vicuña Ríos, recientemente incorporado. Lima, 25 de setiembre, 2006 *AGOSTO 2006* INSTITUTO DE DERECHOS HUMANOS (IDH), Lima www.institutoddhh.org La pena de muerte envilece a la sociedad y nos hace peores seres humanos; refuerza la cultura de violencia y de muerte que se ha instalado en el Perú desde hace muchas décadas y no disuade al delito. Por el contrario, ha incrementado el índice de criminalidad allí donde se ha implantado o se ha extendido su aplicación. Ante la propuesta presidencial para ampliar la pena de muerte el Instituto de Derechos Humanos de Lima, (IDH) manifiesta: La reciente propuesta del Presidente de la República para ampliar la aplicación de la pena de muerte a los violadores de niños ha suscitado un debate que resulta contraproducente y negativo para el país pues reincide en un tema que ha sido tratado en el Perú en numerosas ocasiones y que inevitablemente crea una atmósfera que exacerba las pasiones y emociones que no contribuye a sentar las bases para un diálogo nacional sobre los temas de fondo realmente trascendentes como la salud, la educación, la violencia intrafamiliar, el trabajo digno y la equidad social. El Perú ha suscrito y ratificado la Convención Americana de los Derechos Humanos (Pacto de San José) que impide claramente que se extienda la aplicación de la pena de muerte a nuevos delitos. No cumplir con este compromiso significará, necesariamente, nuestro retiro de la corte y del sistema interamericano en lo referido a derechos humanos, dejando en la indefensión a los 28 millones de peruanos. Paradójicamente, los autores de asesinatos y genocidio habrán dado un paso importante para quedar impunes. No es posible la denuncia parcial de este tratado, que es un logro de la civilización, que es lago, además, sobre lo cual la comisión y la corte se pronunciaron hace 12 años cuando el gobierno dictatorial de Alberto Fujimori tuvo la misma pretensión. No es posible tampoco la convocatoria a referéndum pues tal consulta no puede realizarse para restringir o recortar derechos. Además de las contundentes razones jurídicas citadas, importantes como son, legislar para ampliar la capacidad homicida del Estado de ninguna manera constituiría un disuasivo de crímenes tan horrendos como el referido, ni de ningún otro delito, por mas grave que sea para la victimas, y que suscita la justificada indignación de la población pues está estadísticamente comprobado que su implantación o aplicación no es factor de disuasión del crimen sino, por el contrario, golpea con fuerza a la misma sociedad y sistema que la aplica. Por esa razón, las naciones más socialmente avanzadas la van erradicando pausada pero firmemente de sus respectivas legislaciones internas. El Estado y el Gobierno del Perú pueden perfectamente concretar, por ejemplo, medidas eficientes para proteger a los ciudadanos: corregir las graves y estructurales deficiencias de la administracion de justicia, extender la condena de por vida, suprimir los beneficios penitenciarios para estos delitos, hacer una selección mucho mas rigurosa de jueces y fiscales y mejorar la capacidad de la PNP para perseguir el crimen. Quienes realmente buscan la protección ciudadana van al fondo de las cosas, debaten y determinan las causas profundas y sólidas que explican estos crímenes y sientan las bases para acuerdos nacionales de largo plazo y de las políticas publicas subsecuentes. Graves fenómenos sociales como la pobreza y la pobreza extrema, la violencia intrafamiliar y las mismas estructuras de exclusión del Perú deberían, por tanto, ser examinados con detenimiento, realizando pedagogía política y elevando la capacidad reflexiva de nuestro pueblo. Recordar que el Estado peruano aplico durante muchas décadas la pena de muerte, hecho que cimentó la cultura de violencia y muerte de la cual fueron victimas miles de peruanos y peruanas inocentes, incluyendo los miembros del actual Partido de Gobierno durante las décadas del 30, del 40 y del 50. Mas el peor efecto negativo de replantear la pena de muerte recaerá en nuestra niñez y adolescencia quienes observarían como los adultos de su país discuten sobre como la sociedad y el Estado que la representa se arrogan el “derecho de matar”. El daño psicológico en muchos casos es traumático e irreversible. Debemos evitarlo. Por lo expuesto: el IDH invoca al Poder Ejecutivo a no plantear la aplicación de la pena de muerte ante el Poder Legislativo y sugiere la conformidad de una comisión multidisciplinaria que estudie el asunto, como han planteado otros sectores. Asimismo, el IDH invoca al Gobierno a proponer los mecanismos para dar cumplimiento al Compromiso Por la Nutrición que el señor Presidente de la Republica suscribiera el 5 de abril del 2006 cuando fue candidato junto con otros catorce candidatos presidenciales. El Instituto de Derechos Humanos considera que esa es la prioridad integral del país y que engloba constructivamente el tratamiento de muchos problemas nacionales en función de este objetivo del Perú. Lima, 16 de agosto 2006 JULIO 2006 INSTITUTO DE DERECHOS HUMANOS (IDH), Lima www.institutoddhh.org Gobierno y autoridades deben dar seguimiento a grave daño ecológico ocurrido en río Pabellón La Quinua en Cajamarca. Responsables del daño: minera Gold Fields y otros deben honrar su compromiso y reparar el daño resarciendo a las comunidades afectadas “Resulta sorprendente la indiferencia oficial y la de medios de comunicación al cabo de nueve días de haber ocurrido el derrame de 3,000 galones de petróleo en el río Pabellón La Quinua en el departamento de Cajamarca, más aún cuando ya se conoce que algo más de 30 kilómetros del río vienen siendo contaminados. Dicho accidente, sucedido el 4 de julio en la carretera a Hualgayoc, entre los caseríos Pampa Larga y Quebrada Honda ha impactado ya en las especies acuáticas pero también ha comenzado a perjudicar al ganado que bebe agua de ese mismo río. Es una circunstancia ante la cual la Defensoría del Pueblo debió hacerse presente y poner en conocimiento de las acciones tomadas por las autoridades gubernamentales y judiciales pertinentes, y de los compromisos asumidos por las empresas que han reconocido su responsabilidad: la compañía minera sudafricana Gold Fields y la empresa de transportes Norte Media SRL, pues es evidente la amenaza de daño que se cierne a la salud y a la vida de los pobladores y a sus medios de subsistencia”, declaró el presidente del Instituto de Derechos Humanos (IDH) de Lima, Luis Alberto Salgado. El directivo del IDH agregó que “es precisamente en circunstancias como ésta en que se constata el grado y calidad del compromiso con los derechos humanos de un Estado y una sociedad, pues siendo positiva la primera reacción de los responsables directos de ésta, que es una tragedia ecológica para las poblaciones locales, resulta indispensable la atención oficial y pública para que se determine el grado de negligencia, punible o no, que ha habido, se resarzan los daños que se vienen ocasionando y se tomen las medidas preventivas para que hechos así no vuelvan a ocurrir o, en todo caso, disminuya sensiblemente el riesgo de su recurrencia”. Salgado puntualizó que “lo que viene ocurriendo en Cajamarca grafica casi fielmente la característica de un Gobierno que en cinco años no fue sensible a sus serios compromisos asumidos en los principales tratados internacionales de Derechos Humanos, pues mientras el presidente de la República, siendo jefe de Estado y en representación de todos los peruanos da un espectáculo lamentable ante congresistas estadounidenses, algunos de los cuales le enrostran no haber disminuido realmente la pobreza en el Perú y el de no haber hecho lo suficiente para que se respeten los derechos laborales, en nuestro país el jefe del Instituto Nacional de Estadísticas (INEI) Sr. Farid Matuk, emite cifras de supuesta reducción de la pobreza sin ningún sustento técnico y sin ofrecer una explicación plausible de la metodología empleada”. “Esto nos confirma la razón expresada contundentemente por los pueblos del Perú en las elecciones del 9 de abril y en la segunda vuelta del 4 de junio, que el Gobierno del Perú que culmina este 28 de julio ha vivido divorciado de la realidad y de espaldas al 80 % de los peruanos, y ofrece un importante mensaje al próximo Gobierno de cómo no deben hacerse las cosas en el Perú, si el objetivo es elevar la calidad de vida de todos, fortalecer la democracia y sus instituciones y alcanzar realmente una sociedad donde podamos convivir con libertad y justicia social”, terminó señalando el directivo del IDH. Lima, 13 de julio, 2006 JUNIO 2006 INSTITUTO DE DERECHOS HUMANOS (IDH), Lima www.institutoddhh.org Por salud democrática y política del país Congreso actual no debería ratificar acuerdo comercial (TLC) con los EE.UU. La sensatez y el buen sentido recomiendan mayor estudio y debate nacional sobre implicancias y consecuencias del texto firmado por el gobierno. “La estrategia del gobierno de Alejandro Toledo fundada en el ocultamiento de información a la ciudadanía y la exclusión de los posibles sectores perjudicados respecto de las actividades que realizaban los negociadores oficiales para suscribir un tratado comercial con los Estados Unidos han generado posiciones encontradas y mucha incertidumbre sobre las repercusiones económicas y políticas de una ratificación congresal en los términos actuales. Esto puede incidir muy negativamente en la situación de derechos económicos y sociales de millones de peruanos no obstante el beneficio a cierto sector exportador” declaró el presidente del Instituto de Derechos Humanos (IDH), Luis Alberto Salgado. Agregó que “iniciar una negociación en evidentes condiciones de desigualdad y desventaja para el Perú, afirmando el jefe de Estado que el TLC se firmaría ‘sí o sí’ envió un mensaje de cuasi-incondicionalidad que contradice cualquier elemental estrategia negociadora de un Estado soberano que busca combatir las causas de la pobreza”. El directivo del IDH continuó señalando que “aún teniendo en cuenta que el TLC suscrito beneficia considerablemente la exportación de ciertas confecciones peruanas, así como de espárragos y uvas y probablemente otras frutas, no queda claro cómo podrían realmente compensarse los también considerables perjuicios a nuestros productores de arroz, maíz, trigo, cebada, oleaginosas, azúcar, carne, algodón y lácteos que serían seriamente afectados por los productos subsidiados provenientes de los Estados Unidos, pues habría desgravación inmediata de dos tercios (2/3) de sus productos. Queda aún por evaluar también si la cantidad de puestos de trabajo ganados es superior o justifica plenamente la pérdida de una cantidad indefinida de otros puestos y la pobreza acrecentada subsecuente. Se infiere, para comenzar, que habría un libre ingreso de 500,000 toneladas métricas de maíz y 74,000 TM de arroz en el primer año de entrada en vigencia del TLC, y esto deberían evaluarlo detenidamente los legisladores”. Salgado señaló que, aparte del sector agrícola mencionado, otros aspectos altamente preocupantes de ratificar el actual texto del TLC es el relativo a la salud pública, el costo de las medicinas, la capacidad del Estado de cobrar impuestos y/o royalties, y los derechos laborales de muchos trabajadores, en los temas relativos a propiedad intelectual (patentes) e inversiones. “Resulta evidente que un compromiso definido del Perú, aunque fuere de tres años antes de la primera evaluación de los efectos del TLC, acarrearía un grave perjuicio al derecho a la salud y a los derechos laborales de muchos peruanos pues estudios serios aún no contradichos establecen que tan sólo en el primer año de vigencia del TLC aumentaría en 10 % el precio de las medicinas llegando dicho aumento al 100 % en 10 años. El acceso a medicinas genéricas, y por ende, al derecho fundamental a la salud de nuestras poblaciones se vería adicionalmente deteriorado, considerando que, según estimaciones de expertos, el 20 % de la población no tiene acceso a cuidado médico y el 50 % carece de cualquier tipo de seguro médico. Y todo esto forma parte de un TLC que con sorprendente premura desean ciertos funcionarios gubernamentales que se ratifique por el actual congreso”. El directivo del IDH puntualizó que “otro tema neurálgico es el capítulo relativo al derecho del Perú a discriminar a favor de los intereses nacionales en búsqueda de un equilibrio necesario entre los intereses de los inversionistas de empresas transnacionales y los del Perú. Los señores congresistas deberían estar en condiciones de asegurar que dicho equilibrio está razonablemente garantizado en el documento que llegó al Parlamento nacional hace unos días”. Finalmente, Salgado argumentó: “Los tratados internacionales de derechos humanos que ha suscrito el Perú comprometen a sus gobernantes y legisladores a promover y concretar la efectiva y democrática participación ciudadana en los grandes temas que la afectan. Además, la Convención de Viena sobre Tratados establece el requisito de la ratificación congresal sobre la premisa, precisamente, que dicha participación y consenso ciudadano se hayan producido. Cosa que definitivamente no parece haber ocurrido en el presente caso. La prudencia aconseja andar con mucho cuidado antes de ratificar compromisos que nos obligarán, por lo menos, varios años, y sobre cuyas consecuencias reales parece no haber aún consenso nacional”. Lima, 21 de junio, 2006 INSTITUTO DE DERECHOS HUMANOS (IDH), Lima www.institutoddhh.org Resultados del 4 de junio deben marcar inicio de etapa de paz social, concordia nacional y justicia social en el país Conocidos los resultados de la elección del domingo 4 de junio al 98% que determinan la elección del Dr. Alan García como el próximo presidente constitucional del Perú, el presidente del Instituto de Derechos Humanos (IDH), Luis Alberto Salgado, declaró que “el inicio del nuevo régimen debe marcar también el comienzo de una nueva etapa promisoria para el país de mejor entendimiento y respeto entre los peruanos, de paz social con justicia económica y social para esas mayorías que han expresado su voluntad respaldando tanto al vencedor en las urnas como a quien no alcanzó la victoria en las mismas. Una inmensa responsabilidad recae en el Dr. García Pérez de honrar sus compromisos adquiridos durante la campaña electoral pero también en el comandante (r) Ollanta Humala quien recibió el apoyo igualmente de importantes sectores poblacionales”. El directivo del IDH agregó que “los líderes tienen la capacidad, además de la responsabilidad de plantear, con su propia conducta personal, las bases de la gobernabilidad y de la construcción de una cultura de derechos humanos. Esto supone no sólo las políticas públicas destinadas a promover y defender los derechos humanos integrales y el desarrollo humano de nuestros pueblos sino, también, el debate de ideas dando muestras claras de tolerancia democrática sin caer en la agresión verbal ni en expresiones de exclusión del adversario. La justicia social con libertad y la distribución equitativa del crecimiento económico con decisiones aceptadas por las mayorías ciudadanas, sólo pueden alcanzarse si confluyen estos elementos centrales. El uso de la violencia sólo hace peor las cosas y envilece a los seres humanos”. Salgado hizo igual invocación a la doctora Lourdes Flores para que “contribuya con el país, desde su posición de tercera candidata más votada ratificando sus anuncios y compromisos de la primera vuelta, de buscar consensos permanentes con las ideas rectoras de bienestar y equidad para todos, enfatizando en los sectores más postergados y pobres del país.” Finalmente el presidente del IDH manifestó que “en la interacción democrática y participativa entre gobernantes y gobernados se halla la clave para el reencuentro de la sociedad y el Estado y, con ello, del desarrollo sostenido de los pueblos sin perder su libertad. De allí la importancia de persuadirnos los peruanos y peruanas que los derechos humanos son deber y responsabilidad de todos”. Lima, 7 de junio 2006 MAYO 2006 INSTITUTO DE DERECHOS HUMANOS (IDH), Lima www.institutoddhh.org Proyecto de ley del congresista Antero Flores-Aráoz que restringe facultades de interpretación del Tribunal Constitucional no favorece el fortalecimiento del ejercicio de los derechos humanos, ni la separación de poderes, ni la seguridad jurídica. En relación al proyecto de ley presentado por el congresista Antero Flores-Aráoz el 20 de enero a fin que el Tribunal Constitucional (TC) se abstenga de crear derecho vía interpretación de leyes limitándose sólo a declarar si una norma es constitucional o no, a identificar vacíos normativos que planteen necesidad de una nueva norma y a establecer que el TC no es más el supremo intérprete de la Constitución, el presidente del Instituto de Derechos Humanos (IDH), Luis Alberto Salgado, consideró que, “de llegar a plasmarse en ley el referido proyecto, se concretaría un serio retroceso en los mecanismos de defensa de los derechos humanos y sistema de libertades de los ciudadanos en el Perú.” Agregó que ni los considerandos ni la exposición de motivos de dicho proyecto toman en cuenta la importancia fundamental en que una instancia distinta de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial deba seguir siendo la encargada, como lo es, en el marco del sistema constitucional peruano, de interpretar y dar concreción a una serie de principios y valores constitucionales, en los casos de leyes o normas que de alguna forma, explícita o implícita, tiendan a desconocer, violar o menoscabar los derechos de la persona humana y el respeto de su dignidad, que son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Adicionalmente, estas prerrogativas y funciones de interpretación y de creación jurisprudencial de derecho de instancias como el Tribunal Constitucional peruano van tomando cada vez mayor consistencia en las democracias avanzadas y aún en sistemas de incipiente o joven democracia, señaló. El directivo del IDH puntualizó que quitarle al TC su rol constitucional y orgánico de ser el supremo intérprete de la Constitución acarrearía una impredecible secuela de desorden e inseguridad jurídica, que es precisamente, lo que supuestamente buscaría impedir el proyecto, consiguiendo exactamente el efecto contrario. En consecuencia, se infligiría un daño al ciudadano y ciudadana común y al Estado de Derecho mismo pues el sistema de equilibrio de poderes y de pesos y contrapesos, que son parte importante de los cimientos de las democracias modernas, estaría siendo debilitado en los hechos. Por otro lado, Salgado agregó que, al recortarse realmente las posibilidades de defensa de la ciudadanía frente a los abusos del poder o frente a decisiones erradas de las autoridades de gobierno, se estaría incurriendo, por lo menos, en la violación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos suscrito por el Perú y vigente en el país desde 1981 que señala en su artículo 5.2 que “no podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los derechos humanos fundamentales reconocidos o vigentes en un Estado parte en virtud de leyes, convenciones, reglamentos o costumbres, so pretexto de que el presente Pacto no los reconoce o los reconoce en menor grado”. Esto debe ser concordado con lo establecido en el artículo 5 de la Declaración Mundial de Viena de 1993 sobre Derechos Humanos (y de la cual es parte el Perú también) en el sentido que “Todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y están relacionados entre sí. La comunidad internacional los debe tratar en forma global, en pie de igualdad y dándoles a todos el mismo peso”. En consecuencia, el IDH insta a los señores congresistas a reflexionar seria y detenidamente sobre las graves implicancias que acarrearían la aprobación de una norma de este tipo tanto para la credibilidad y solidez de las instituciones del Estado como del proceso necesario para su fortalecimiento constante a los ojos de la opinión pública, terminó afirmando su representante. Lima, 8 de mayo, 2006 ABRIL 2006 INSTITUTO DE DERECHOS HUMANOS (IDH), Lima www.institutoddhh.org Sentencia en primera instancia que condena al ex procurador anticorrupción Ronald Gamarra por supuesta difamación en agravio de Absalón Vásquez constituye un absurdo jurídico y falla contra derecho. Primera Sala Penal de Lima debe revocar dicha resolución. El presidente del Instituto de Derechos Humanos (IDH), de Lima, Luis Alberto Salgado, declaró que “la sentencia que condena en primera instancia al ex procurador anticorrupción Ronald Gamarra Herrera por presunta difamación en agravio de Absalón Vásquez Villanueva, no se ajusta a derecho, socava la imagen del Poder Judicial y envía un pésimo mensaje a la sociedad en el sentido que la lucha contra la corrupción da graves señales de ir languideciendo en el Perú”. El directivo del IDH agregó que el contexto de la declaración y la declaración misma del Sr. Gamarra de ninguna manera representan hechos constitutivos del delito de difamación que según el juez Sánchez Gonzales habría cometido el ex procurador anticorrupción. Señaló que aparentemente no se ha producido el debido diligenciamiento de las pruebas para determinar si fehacientemente Ronald Gamarra llamó “delincuente” a Absalón Vásquez o si efectivamente se limitó a señalar que la referida persona “no es un perseguido político y que su persecución judicial se da en razón de que se ha demostrado su participación criminal en hechos delictivos”. Esto último en el contexto de declaraciones a la prensa sobre la lectura de la sentencia del juicio oral seguido contra Juan Carlos Hurtado Miller, Vladimiro Montesinos, Absalón Vásquez y Daniel Borobio por el delito de peculado por los 249,000 dólares entregados del tesoro público a Hurtado Miller para su campaña electoral. El señor Absalón Vásquez no asistió a dicha lectura de sentencia y se declaró “perseguido político” por lo que la Sala Penal Anticorrupción lo declaró “reo contumaz” y ordenó su detención. “Cierto es que es un principio que nadie es culpable mientras no se haya demostrado judicialmente su culpabilidad y en este caso, el ex procurador se limitó a emitir dicha declaración al ser requerido por la prensa habida cuenta que el ex ministro del gobierno corrupto de Alberto Fujimori tenía, en ese entonces, cuatro procesos penales abiertos en su contra en el sistema anticorrupción. No ha existido de ninguna manera ánimo difamatorio por parte de Ronald Gamarra sino una declaración de ciertos hechos que hasta la lectura de sentencia habían sido comprobados, según la compulsa de pruebas y testimonios que se habrían actuado en el expediente”, puntualizó Salgado. Finalmente, señaló que resulta insólito y muy negativo para la necesidad de recuperación moral del país que el debido proceso legal, que debe caracterizar a un sistema de justicia en una sociedad democrática, y que es la garantía que debe proteger a cualquier ciudadano tenga que haber quedado en entredicho por circunstancias que debieron ser aclaradas debidamente por el juez Sánchez en el desarrollo del proceso judicial. En tal sentido, la Sala Penal de Reos Libres de Lima, podrá valorar nuevamente los hechos con mucho mayor cuidado del evidenciado en la primera instancia y, sobre esa base, declarar la absolución del ex procurador Gamarra, revocando la sentencia apelada. Ello, además, enviará una poderosa imagen correctiva a todo el Poder Judicial y al país entero, en el sentido que la verdadera lucha contra los actos de corrupción, del pasado y del presente, sigue siendo uno de los cimientos y, a la vez, objetivo elevado de nuestro sistema de administración de justicia. Así es como se va fortaleciendo o destruyendo la credibilidad de las instituciones que definen a una democracia. La Sala Penal de Lima tiene la palabra. Lima 21 de abril, 2006 INSTITUTO DE DERECHOS HUMANOS (IDH), Lima www.institutoddhh.org “La huelga iniciada por el Sindicato de trabajadores de la minera Yanacocha es un hecho importante en la larga sucesión de desencuentros entre la empresa peruano/estadounidense y no sólo un sector importante de trabajadores sino de la población misma. Este episodio, sin embargo, puede y debe ser oportunidad para demostrar y fortalecer la voluntad conciliadora de las partes, y, sobre todo, de la parte más fuerte de la relación constituida por la conjunción de empresas Newmont (estadounidense) y Buenaventura (peruana)”, declaró Luis Alberto Salgado, presidente del Instituto de Derechos Humanos (IDH) en Lima. El directivo del IDH agregó que “ello es tanto más necesario pues los trabajadores mineros vienen recibiendo el apoyo a sus demandas de mejores salarios y condiciones laborales de diferentes sectores sociales que en otros momentos han cuestionado severamente las actividades de la empresa por temas ambientales y el pago de regalías. Por tanto, se pone a prueba la capacidad para desarrollar el diálogo democráticamente, con tolerancia, sin apelar al uso de la fuerza, en uno y otro lado, y al manejo sumamente prudente que de ella haría la fuerza pública constituida por más de un centenar de policías llegados al lugar. De ninguna manera sería admisible el derramamiento de sangre”. “Se verá la capacidad, o no, del Estado peruano, representado por el Poder Judicial y el Ministerio Público por un lado y por el Ministerio de Energía y Minas, por el ótro, de contribuir a desactivar la creciente tensión social aplicando adecuadamente las normas plasmadas en los tratados internacionales de derechos humanos (Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales y el Convenio 169 de la OIT) que son ley de obligatorio cumplimiento en el Perú”, puntualizó Salgado. Señaló que “el elevado nivel de conflictividad existente en esa zona del departamento de Cajamarca, una de las regiones con mayor desnutrición de la infancia y la niñez y de pobreza crítica, debe llamar a una profunda y sincera reflexión de quienes tienen el poder para tomar decisiones trascendentes y de largo plazo, sobre la importancia de reconocer que las bases constitutivas de la convivencia y la paz social son el respeto a los derechos y dignidad de todos, dando pruebas indubitables y consistentes de que efectivamente se atiende el reclamo de preservar la calidad y cantidades del agua necesaria para quienes la requieren como elemento cotidiano y vital en sus actividades agropecuarias así como de cuidar las tierras de cultivo y pastoreo sin incurrir en contaminaciones perfectamente evitables y que son fuente de constante conflicto y tensión entre las partes. Siendo la situación sumamente crítica, ésta podría ser una oportunidad que siente precedentes positivos en el país respecto de la forma pacífica y justa para resolver conflictos”. Lima, 18 de abril, 2006 Jr. Mariano Rivero y Uztaraiz (ex calle 4) 145 – Of. 202 Huertos de San antonio - Surco Telf. 270-2397 POR LA NUTRICIÓN www.institutoddhh.org Propuesta formulada por el Instituto de Derechos Humanos a los candidatos presidenciales y organizaciones políticas que participan en el proceso electoral del 2006. Consideraciones: 1. Todas las naciones que han alcanzado un óptimo desarrollo humano y recimiento económico en el planeta priorizaron la salud y la educación de sus pueblos como condición indispensable para avanzar en el desarrollo general del país. La experiencia de pueblos y gobernantes en esas latitudes es que esta priorización fue indispensable e irremplazable para la gobernabilidad y el desarrollo de largo plazo de sus naciones. 2. Los informes sobre desarrollo humano de las Naciones Unidas, a pesar de los “Planes de acción por la Infancia” 1992-1995 y 1996-2000, ubican al Perú, reiteradamente, año tras año, entre los últimos lugares en América Latina, lo cual incide en una elevada conflictividad social, en evidente falta de identificación de las poblaciones con lo que se denomina “sistema democrático”, y en ostensible inestabilidad e ineficacia de instituciones y gobiernos para sentar las bases de un desarrollo sostenido del país. Estos factores constituyen razones estructurales y coyunturales para seguir manteniendo la pobreza y la pobreza extrema como características de nuestra nación. La conclusión es que el desarrollo humano nunca ha sido prioridad real del Estado ni de los gobiernos en el Perú. 3. Hoy existe un nuevo “Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia 2002-2010” que concluirá en un nuevo fracaso si los peruanos no nos ponemos de acuerdo, de manera contundente e inequívoca, en establecer como prioridad principal del Estado y la sociedad la erradicación de la desnutrición de la niñez. Sólo una clara y auténtica voluntad política de gobernantes (gobierno y oposición) monitoreada por la organización democrática de los gobernados podrá revertir este proceso perverso de desnutrición en el país. 4. El Estado, gobernantes y gobernados tenemos el compromiso político y moral de afrontar en forma realista y eficaz el extendido estado de desnutrición que impera en el país, priorizando el esfuerzo en la etapa inicial en el grupo de mayor sensibilidad para el desarrollo social: la madre y el niño. 5. El Instituto de Derechos Humanos (IDH) de Lima, considera que el actual proceso electoral es una gran oportunidad de dar un paso importante para superar esta postración histórica y en tal sentido propone a los candidatos presidenciales y a los partidos y organizaciones políticas que participan en las elecciones de este año, más allá del documento suscrito con el Ministerio de Salud hace unos días, que asuman el siguiente Compromiso Único Mínimo que habrá de ser cumplido como tarea conjunta tanto por las fuerzas que lleguen al gobierno como por las que se instalen en la oposición democrática, coadyuvando todos, sin excepción, en la consecución de este gran objetivo nacional: Compromiso por la Nutrición: Realizar todos los esfuerzos para reducir sustancialmente la desnutrición en el Perú, concretamente la que padecen amplios sectores de nuestros niños, niñas y adolescentes, señalando como plazo de inicio el 28 de julio del año 2,006 y estableciendo como primera meta a ser evaluada, con apoyo del sistema de Naciones Unidas, el 28 de julio del 2009. Para alcanzar el cumplimiento de este objetivo nacional prioritario se iniciará un conjunto de acciones concertadas entre el Poder Ejecutivo y todas las organizaciones políticas que alcancen representación en el Poder Legislativo, así como con los gobiernos regionales y municipales. Suscriben (Por orden alfabético de la organización política): Alianza Para El Progreso Natale Amprimo Pla Avanza País Ulises Humala Tasso Concertación Descentralista Susana Villarán de la Puente Con Fuerza Perú Pedro Koechlin Von Stein Frente de Centro Valentín Paniagua Corazao Fuerza Democrática Alberto Borea Odría Movimiento Nueva Izquierda Alberto Moreno Rojas del Río Partido Aprista Peruano Alan García Pérez Partido Socialista Javier Diez Canseco Perú Ahora Luis Guerrero Figueroa Progresemos Perú Javier Espinoza Ayaipoma Renacimiento Andino Ciro Gálvez Herrera Restauración Nacional Humberto Lay Sun Resurgimiento Peruano Antero Asto Flores Unidad Nacional Lourdes Flores Nano Lima, abril 2006 Jr. Mariano Rivero y Uztaraiz (ex calle 4) 145 – Of. 202 Huertos de San antonio - Surco Telf. 270-2397 INSTITUTO DE DERECHOS HUMANOS (IDH) RECONOCIMIENTO El Instituto de Derechos Humanos (IDH) expresa su reconocimiento a los siguientes candidatos presidenciales y organizaciones políticas que han suscrito el Compromiso por la Nutrición propuesto por nuestra institución y que fuera publicado el miércoles 5 de abril: Alianza Para El Progreso Natale Amprimo Pla Avanza País Ulises Humala Tasso Concertación Descentralista Susana Villarán de la Puente Con Fuerza Perú Pedro Koechlin Von Stein Frente de Centro Valentín Paniagua Corazao Fuerza Democrática Alberto Borea Odría Movimiento Nueva Izquierda Alberto Moreno Rojas Partido Aprista Peruano Alan García Pérez Partido Socialista Javier Diez Canseco Perú Ahora Luis Guerrero Figueroa Progresemos Perú Javier Espinoza Ayaipoma Renacimiento Andino Ciro Gálvez Herrera Restauración Nacional Humberto Lay Sun Resurgimiento Peruano Antero Asto Flores Unidad Nacional Lourdes Flores Nano Este compromiso solemne que establece como objetivo nacional prioritario la erradicación de la desnutrición que padecen amplios sectores de nuestros niños, niñas y adolescentes constituye una importante señal que existe clara convicción en que el proceso perverso de desnutrición es un flagelo que no puede soportar ninguna nación que busque el desarrollo humano de sus pueblos y el progreso general del país. Este objetivo debe unirnos a todos los peruanos y peruanas. Asimismo, el IDH reitera su invitación e invocación a los candidatos presidenciales y organizaciones políticas que no hubieran suscrito el compromiso a que lo hagan, la voluntad y las puertas están abiertas para ello. Lima, 8 de abril, 2006 www.institutoddhh.org Jr. Mariano Rivero y Uztaraiz (ex calle 4) 145 – Of. 202 Huertos de San antonio - Surco Telf. 270-2397 MARZO 2006 NOTA DE PRENSA INSTITUTO DE DERECHOS HUMANOS (IDH), Lima www.institutoddhh.org Situación del Proyecto del Gas de Camisea exhibe graves falencias de funcionarios del Estado peruano y siembra serias dudas sobre idoneidad técnica y probidad en su ejecución El presidente del Instituto de Derechos Humanos de Lima, Luis Alberto Salgado, declaró que, así como un linchamiento desnuda las iniquidades e ineficiencias del Estado y el grado de frustración y violencia prevaleciente en ciertos sectores de la sociedad, lo que viene ocurriendo con los ductos del gas de Camisea constituye una clara demostración de cómo un proyecto de esa envergadura es capaz de exhibir la irresponsabilidad y turbidez con que algunos altos funcionarios peruanos manejan los asuntos públicos en perjuicio de la población. Agregó que dicho proyecto de gas podría constituir factor importante para la elevación de la calidad de vida de los peruanos y reducir la pobreza pero que, lamentablemente, conforme se van conociendo los antecedentes de la firma del contrato y los probables motivos que han hecho que en menos de 17 meses se hayan producido cinco (5) roturas del gasoducto, un velo de serios cuestionamientos y dudas van marcando lo que comienza a lindar con niveles de escándalo nacional. Salgado señaló que “los derechos humanos de la población, con cada familia financiando desde hace varios años dicho proyecto con el pago del 10 % adicional sobre las mensualidades en energía, están siendo negativamente afectados por la falta de prolijidad y transparencia en el proceso de negociación para la firma del contrato. A esto se añade la relación de interés económico común que existió entre el actual presidente del Consejo de Ministros, Pedro Pablo Kuczynsky, con dos empresas beneficiarias de la buena pro - Hunt Oil y Tenaris - que tienen evidente interés en maximizar sus ganancias sobre la base de reducir costos cuya racionalidad hasta el momento está muy lejos de haber sido debidamente explicada y que evidentemente está poniendo en riesgo la salud y la vida misma de un indefinido número de ciudadanos. Esa relación económica previa y conocida hubiera sido razón suficiente para que ningún jefe de Estado procediera a nombrar como ministro, por segunda vez, a la persona involucrada, por el evidente conflicto de interés”. El directivo del IDH apunta que, dada la información que recién se viene haciendo pública, en cuanto a las evidentes desventajas contractuales y posible perjuicio económico para el Estado y para miles de familias peruanas, resulta más que exigible que el Poder Ejecutivo y el Legislativo intervengan decididamente a fin de empezar a corregir la situación, aplicando las cláusulas penales a que hubiere lugar e investigando a fondo, en el caso del Congreso, los hechos que han derivado en lo que es de conocimiento público, incluyendo el serio daño físico ocasionado a campesinos pobladores de la zona. Asimismo, están surgiendo circunstancias que harían que el Ministerio Público empiece a actuar de oficio a fin de determinar las responsabilidades y a los responsables a raíz de las investigaciones que por mandato legal debería iniciar, más aún cuando se trata de hechos que impactan y pueden seguir impactando en la salud pública y en la caja fiscal. Lima, 21 de marzo, 2006 Jr. Mariano Rivero y Uztaraiz (ex calle 4) 145 – Of. 202 Huertos de San antonio - Surco Telf. 270-2397 FEBRERO 2006 NOTA DE PRENSA INSTITUTO DE DERECHOS HUMANOS, IDH, Lima www.institutoddhh.org Sentencia por caso de violación contra el acusado Miguel Toledo viola nuevamente los derechos humanos de la víctima Miledi Rojas denegándole el acceso a la justicia. Fallo judicial, además, debilita el Estado de derecho. Instancias superiores deben corregir lo actuado. La sentencia del juez Adolfo Farfán que aplica la pena de tres años a Miguel Toledo, sobrino del Presidente de la República, por el delito de violación en agravio de la Srta. Miledi Rojas, es una muestra de cómo los pronunciamientos de la administración de justicia contravienen no sólo el Código Penal sino que afectan los derechos humanos de la víctima. Ello, en la práctica, niega a la agraviada el acceso a la justicia, socava la legalidad del Estado de derecho y erosiona, una vez más, la credibilidad de las instituciones democráticas. Así declaró Jorge Ferradas, abogado que tiene a su cargo la Dirección de Derechos Fundamentales del Instituto de Derechos Humanos (IDH) de Lima. El vocero del IDH sostuvo que, habiéndose probado en el proceso penal el delito de violación imputado a Miguel Toledo, a éste se le debió imponer pena privativa de la libertad efectiva entre cinco y diez años, considerando las circunstancias agravantes que afectaron la libertad personal de la víctima, quien fue embriagada e imposibilitada de defenderse y ofrecer resistencia, precisamente con el objeto de violarla. Hubo premeditación y actos preparatorios para cometer este delito que en la legislación internacional de derechos humanos, que rige en el Perú y es de obligatorio cumplimiento, está considerado al nivel de gravedad del delito de tortura o genocidio. Ferradas demandó a los jueces que en sus fallos a la vez de aplicar las leyes sustantiva y procesal deben guardar observancia de los principios contenidos en las normas internacionales de derechos humanos que también son parte de nuestro ordenamiento jurídico y que constituyen el marco que sustenta las primeras. Finalizó solicitando a las instancias superiores del Poder Judicial, cuyo juez ha aplicado una pena que no corresponde, y del Ministerio Público, considerando que la fiscal provincial no ha apelado el fallo, corregir lo actuado y resuelto hasta ahora en la primera instancia penal, y a los Organos de Control de la Magistratura de ambos organismos que sancionen al juez y a la fiscal involucrados. Lima, 27 de febrero, 2006 Jr. Mariano Rivero y Uztaraiz (ex calle 4) 145 – Of. 202 Huertos de San antonio - Surco Telf. 270-2397 NOTA DE PRENSA INSTITUTO DE DERECHOS HUMANOS, IDH, Lima www.institutoddhh.org Denuncia penal de Diego García Sayán contra escritor y periodista ensombrece lucha por los derechos humanos en el Perú El presidente del Instituto de Derechos Humanos (IDH) de Lima, Luis Alberto Salgado, declaró que la denuncia penal por el presunto delito de “difamación agravada” interpuesta contra el escritor y periodista peruano Ricardo Ramos Tremolada, por el ex ministro de Justicia y de Relaciones Exteriores del Perú, y actual miembro de la Corte Interamericana de San José, Diego García Sayán, constituye un atentado contra la libertad de expresión y un serio obstáculo en la construcción de una cultura de derechos humanos en el país. García Sayán exige además el pago de S/. 1´000,000.00 (un millón de nuevos soles) como reparación civil. Ramos Tremolada fue detenido al llegar al Perú hace unos días en el aeropuerto “Jorge Chávez”, por esta denuncia que recién conoció el día de su detención, llevado a la carceleta judicial y puesto a disposición del juez a fin de responder por la acusación formulada por el ex ministro García S. El directivo del IDH agregó que “dicha situación es preocupante y lamentable por cuanto el actual miembro de la Corte de San José ha sido ministro de Justicia en el anterior gobierno de Valentín Paniagua y de Relaciones Exteriores durante el régimen del actual presidente Alejandro Toledo y tiene las características de un uso indebido del poder político en perjuicio de una persona carente de él. En una democracia los actos y decisiones de un funcionario de Estado siempre están sujetos a la crítica y al escrutinio público y si bien puede disentirse del estilo o aspectos de dicha crítica ello no puede ser justificación para usar los mecanismos judiciales para acallar dichas discrepancias. El diálogo y el debate inteligente y esclarecedor de dudas siempre están a la mano para un verdadero demócrata, más aún si se es o se ha sido un defensor de los derechos humanos”. Salgado agregó que las críticas de Ramos Tremolada, y que básicamente son las que rechaza García Sayán, estaban referidas a una política de Estado y a su implementación por el ex ministro de Justicia en relación a beneficios de conmutación de penas y libertad otorgados a condenados/as por terrorismo presuntamente arrepentidos/as. “Uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con determinadas políticas de Estado, e inclusive aprobar o discrepar con la aplicación de la misma según cada caso particular y cualquier ciudadano debe tener las garantías y la tranquilidad de saber que no será perseguido, ni procesado, ni menos condenado por emitir públicamente esas discrepancias con el poder. Lo contrario sólo ocurre en dictaduras, en totalitarismos, o en remedos de regímenes democráticos”. El representante del Instituto de Derechos Humanos señaló que en su momento el Sr. García Sayán había ejercido su derecho de réplica en el mismo diario en el cual habían aparecido los cuestionamientos formulados por Ramos T. y que en todo caso las vías aparentemente siempre estuvieron abiertas para ulteriores aclaraciones o debates. Más aún cuando se tiene conocimiento que si bien no hubo documentos clandestinos si ha habido Resoluciones Supremas de carácter “estrictamente secreto” firmadas por el ex ministro García Sayán y rubricadas por el ex presidente Valentín Paniagua. Lo delicado y complejo de la situación merece debate y esclarecimiento que de ninguna manera deben darse en las instancias judiciales. Finalmente, Salgado invocó al miembro de la Corte de San José a tener presente que como magistrado de este alto tribunal de derechos humanos tiene la delicada responsabilidad de observar una conducta democrática intachable exenta de la menor sospecha de arbitrariedad y abuso, y que lo más recomendable a favor de la lucha por los derechos humanos en el Perú es resolver cuanto antes esta desagradable situación surgida por su denuncia interpuesta contra el escritor Ramos T. Lima, 21 de febrero, 2006 Jr. Mariano Rivero y Uztaraiz (ex calle 4) 145 – Of. 202 Huertos de San antonio - Surco Telf. 270-2397 NOTA DE PRENSA INSTITUTO DE DERECHOS HUMANOS, IDH, Lima www.institutoddhh.org Ley 28665 es inconstitucional y propicia aumento de violaciones de derechos humanos. TC debe proteger el Estado de derecho y la autonomía de la administración de justicia declarándola inconstitucional. El presidente del Instituto de Derechos Humanos, IDH, Luis Alberto Salgado, declaró que “la vigencia de la ley 28665 que establece en la práctica un sistema paralelo de administración de justicia vinculada a denuncias por violaciones de derechos humanos, constituye un hecho grave que debe ser corregido cuanto antes por el Tribunal Constitucional declarando su inconstitucionalidad.” Salgado señaló que el Poder Legislativo al aprobar dicho dispositivo y el Poder Ejecutivo al promulgarlo habían incurrido en violaciones al texto constitucional vigente y en grave desconocimiento de los compromisos del Estado peruano plasmados en la Declaración Universal de Derechos Humanos (arts. 7,8 y 10), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (arts. 3, 5.1, 14.1 y 26) así como en la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José, arts. 1, 2, 8.1, 24 y 25), entre otros instrumentos que han sido ratificados por el Perú y, por tanto, son ley de la República. El directivo del IDH agregó que “si el objetivo era regular la justicia castrense y establecer las funciones y competencias de la jurisdicción especializada en materia policial y militar, la referida ley promulgada hace unos días por el Gobierno resulta totalmente fuera de lugar y constituye un serio obstáculo para alcanzar la administración de una justicia pronta y cumplida en el país al entregar a personal militar un poder discrecional incompatible con la función de las Fuerzas Armadas en una sociedad democrática”. Afirmó que incluso desde el punto de vista del prestigio y de la búsqueda de recuperación de la imagen de nuestros institutos armados ante el país todo, la ley 28665 representa un factor pernicioso en la búsqueda de sólidas y transparentes relaciones que deben existir entre la sociedad peruana y sus Fuerzas Armadas al plantear la creación de una Junta Transitoria para elegir a jueces y fiscales castrenses y al crear una Sala Penal Militar Policial en Corte Suprema, intentos que resultan absolutamente incompatibles con una nación que debe avanzar en su desarrollo institucional integral. Finalmente, Salgado señaló que el Instituto de Derechos Humanos saluda la actitud de la Sala Plena de la Corte Suprema que ha acordado preferir la constitución y no cumplir la ley 28665, así como la decisión de la Fiscal de la Nación de solicitar ante el Tribunal Constitucional la declaración de inconstitucionalidad que debe recaer sobre el mencionado dispositivo. Lima, 12 de febrero, 2006 Jr. Mariano Rivero y Uztaraiz (ex calle 4) 145 – Of. 202 Huertos de San antonio - Surco Telf. 270-2397 DICIEMBRE 2005 NOTA DE PRENSA INSTITUTO DE DERECHOS HUMANOS (IDH), Lima www.institutoddhh.org El presidente del Instituto de Derechos Humanos (IDH), Luis Alberto Salgado, declaró que la propuesta del congresista Luis Iberico, de conceder “amnistía selectiva” a miembros de las Fuerzas Armadas procesados por presuntas violaciones a los derechos humanos durante los años de combate a la subversión y al terrorismo “no le hace ningún bien a nuestras Fuerzas Armadas ni a una nación, como el Perú, que necesita reconstruir su democracia y recuperar la confianza en sus instituciones sobre la base de la verdad, la justicia y, después de ello, del perdón y la reconciliación, valores que no pueden ser impuestos a las víctimas sobrevivientes si no que deben ser producto de una opción libre y con conciencia plena de su significado”. Salgado agregó que esta propuesta, aparte de ser un absurdo legal pues las amnistías son por definición generales y no selectivas, deja además una desagradable sensación de oportunismo y demagogia porque pretende utilizar, con fines electorales, situaciones de carácter procesal/legal que deben ser tratadas con la mayor imparcialidad, serenidad y rigurosidad posibles para exculpar, liberar y limpiar la honra de los inocentes y, por otro lado, aplicar las sanciones que correspondan a quienes, vistiendo el uniforme militar o no, robaron, torturaron, violaron y asesinaron. “La inmensa mayoría de peruanos tanto desde la sociedad como desde el Estado coincidimos plenamente en que los terroristas de SL fueron los que, imponiendo una guerra al país, perpetraron las mayores, masivas y sanguinarias violaciones a los derechos humanos, y que es necesario reconocer y honrar a los militares, marinos, policías y ronderos que con valentía y dignidad enfrentaron a esa barbarie, y es precisamente esa convicción la que debe instar a jueces, políticos, militares y a la sociedad en general a realizar, promover y respaldar, cada uno desde su lugar, los procesos judiciales con la mayor pulcritud, celeridad y justicia, que son los valores que separan a la decencia y a la civilización del crimen y la barbarie, y los que hacen que una nación y un país sean viables en la historia”. El directivo del IDH puntualizó, por otro lado, que los altos funcionarios del Estado, como el señor Pedro Pablo Kuczynski, debían ser mucho más cuidadosos en sus declaraciones evitando caer en afirmaciones desmesuradas y sin sustento en la realidad como señalar que habían sido liberados 10,000 internos por terrorismo, pues ello lo que hace es crear irresponsablemente alarma y angustia entre la población, erosionando además al sistema democrático en construcción en el Perú. Salgado finalizó diciendo que “la declaración del señor PPK, como presidente del Consejo de Ministros, pone en tela de juicio otras declaraciones suyas sobre aspectos económicos y financieros que tienen que ver con la marcha del gobierno y del país, sobretodo con la situación de los derechos humanos, como el derecho a la alimentación de la niñez, a la salud, a la educación de calidad, y al empleo digno y bien remunerado, derechos fundamentales que inciden en la verdadera gobernabilidad y en el concepto central de seguridad ciudadana, y cuyo desconocimiento explican los elevados índices de pobreza y pobreza crítica en el Perú.” Lima, 27 de diciembre, 2005 NOTA DE PRENSA INSTITUTO DE DERECHOS HUMANOS, IDH, Lima www.institutoddhh.org El crecimiento del empleo y del ingreso deben ser objetivos de la política monetaria A propósito del debate en torno al aumento del salario mínimo en el Perú, y en general, a los bajos y muy bajos ingresos de la población que repercuten directamente en el crecimiento de la pobreza, el Director de Derechos Económicos del Instituto de Derechos Humanos (IDH), Carlos Ledesma, señaló que“no se puede dejar de lado en toda política económica que busque el desarrollo del país, focalizar en la promoción del empleo, mediante inversión pública productiva”. Agregó que “en momentos en que la situación de la macroeconomía se presenta positiva y con expectativas de crecimiento mayores en el mediano plazo, es necesario que el Estado aplique políticas pro cíclicas, buscando ampliar la tendencia del ciclo económico que vivimos”. Ledesma afirmó que hasta en economías desarrolladas, como la de Estados Unidos, la generación de empleos bien pagados es primordial para economistas como Ben Bernanke, (Universidad de Princeton), nominado para suceder a Alan Greenspan en la dirección de la Reserva Federal (Banco Central) de ese país quien, ante una comisión senatorial estadounidense afirmó que era una *“falsa dicotomía asumir que una baja inflación no era posible con un crecimiento de los sueldos y con una mayor igualdad en los ingresos”,* (The New York Times, 16 de noviembre) El directivo económico del IDH, comentando a Bernanke, indicó que “el nuevo Presidente de la Reserva Federal, como experto en temas macroeconómicos y estudioso de los procesos de depresión y deflación desarrollados en los EEUU en los años 30, conocía que los objetivos de la política económica deben ante todo asegurar el empleo, así como un nivel de ingresos adecuado que permita a la población salir de la condición de pobreza extrema”, tal como ocurrió en los EE.UU. con la “Gran Depresión”. Ledesma puntualizó que “en el Perú se requiere un cambio sustancial de la política económica, que ésta debe basarse en un Estado fuerte y capaz de gerenciar y dirigir planificadamente los recursos a inversiones productivas en construcción de la red vial, red ferroviaria, carreteras, puentes y caminos de penetración, incentivar la construcción de viviendas, ampliar los servicios de salud, mejorar el sistema de educación, fomentar la creación de centros de investigación agrícola y agropecuaria, implementar una reforma tributaria, frenar el contrabando y desarrollar las zonas de extrema pobreza”. Con sus declaraciones el representante del IDH coincide con Bernanke y toma clara distancia de aquellos que consideran que los Bancos Centrales deben dedicarse exclusivamente a controlar la inflación, y defiende de esta manera el propósito de basar la política monetaria en un “mandato dual” de promover el pleno empleo con salarios adecuados tanto como la estabilidad de precios. Lima, 2 de diciembre, 2005 NOVIEMBRE 2005 Lima, 9 de noviembre 2005 Sr. Dr. Ricardo Lagos Escobar Presidente Constitucional de la República de Chile Sr. Dr. Marcos Libedinsky Tschorne Presidente de la Corte Suprema de Chile Muy respetables señores: El Instituto de Derechos Humanos, (IDH) de Lima, Perú, les saluda atentamente y considera necesario expresarles lo siguiente en torno a la reciente detención de Alberto Fujimori, por la Policía de Chile: 1. La llegada a Chile del prófugo de la justicia peruana Alberto Fujimori ocurre en momentos de cierta tensión entre nuestros países. Ello fue sopesado por el interesado y sus cómplices a fin de utilizar en su favor dicha circunstancia. Para hacerlo, burló a las autoridades de México e inicialmente a las de Chile, países gobernados por regímenes democráticos, lo que dice algo importante de dicha persona. Afortunadamente, la rápida reacción del Gobierno de Chile y de su Poder Judicial restauraron la confianza básica que sustenta a nuestras democracias. Sobre el señor Fujimori, recaen órdenes de captura como consecuencia de sendos procesos judiciales en los que se han actuado muchas pruebas plenas y testimonios que confirman su participación intencionada en graves delitos y en crímenes de lesa humanidad, cometidos con conciencia y voluntad entre 1992 y el año 2000, a través de un amplio conjunto de decisiones, acciones y políticas de Estado, que tuvieron incidencia directa en violaciones sistemáticas y reiteradas de derechos humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales(asesinatos), torturas, desapariciones forzadas y el saqueo permanente de los recursos del Estado, que fue convertido en instancia máxima y todopoderosa de mega-corrupción en el Perú. Ello, además, ha sido la causa principal del empobrecimiento a nivel de miseria de millones de personas en nuestro país pues el Sr. Fujimori y su entorno utilizaron ese poder, entre otras cosas, para emitir ciento veintidós (122) “decretos secretos urgentes” destinados a la adquisición fraudulenta importada de medicinas pasadas, tractores inservibles y aviones inútiles. Sobre violaciones de derechos humanos, sólo un ejemplo concreto: las confesiones realizadas por Julio Chuque, Isaac Paquiyauri y Marco Flores, tres ex miembros del Servicio de Inteligencia del Ejército Peruano y, a la vez, del autodenominado grupo “Colina”, en las que reconocen su participación en los asesinatos de Barrios Altos, La Cantuta, El Santa y del periodista Pedro Yauri, aceptando íntegramente los términos de la acusación fiscal, establecen claramente la decisiva participación del señor Fujimori y confirman de manera contundente lo que ya se había establecido mediante irrefutables pruebas documentales, y testimonios previos. Las confesiones de los ex oficiales confirman que desde los más altos niveles del Estado, y con aprobación y consentimiento del mismo ex presidente Fujimori, se promovió y apoyó de manera sistemática, premeditada y usando los recursos del Estado, la realización de esos actos criminales. Con esos métodos, el Sr. Fujimori ejecutó terrorismo de Estado y, aparte de perpetrar crímenes penados por la ley, estas prácticas cotidianas descalificaron categóricamente a su régimen, envileciendo a todos los involucrados y erosionando gravemente los fundamentos sobre los que se erige el Estado que representa a una nación. Es obvio y previsible, honorables señores, que Alberto Fujimori y su defensa dirán que es un “perseguido político”, que esa es la razón real para su requisitoria internacional y que por ello Chile no debe conceder la extradición. Esa fue siempre la estrategia de todo delincuente, genocida o terrorista que haya estado involucrado en política. Presentar como fundamental y principal lo que en este caso ha devenido simplemente en secundario y accesorio, y no escapará a vuestro criterio que dicho razonamiento simplista e interesado, será utilizado por quien el 5 de abril de 1992 quebró el orden constitucional mediante un golpe de Estado, clausuró el Congreso y cerró el Palacio de Justicia para colocar a incondicionales y cómplices, situación que se prolongó hasta el año 2000. Chile ha pasado también, señor Presidente de la República y señor Presidente de la Corte Suprema, por situaciones más o menos similares en su pasado reciente. Recordamos inclusive cómo el tentáculo criminal de una dictadura alcanzó a terminar con la vida de dos ilustres chilenos, el canciller Orlando Letelier en Washington y el general Carlos Prats victimado en Buenos Aires junto a su señora esposa. Ello, en medio de oprobiosas violaciones a los derechos humanos de muchos chilenos una de cuyas primeras víctimas mortales fue el ex Presidente Constitucional de Chile, don Salvador Allende Gossens. Por ello, confiamos, en que vuestra institucionalidad democrática y vuestras decisiones de las próximas semanas darán un importante paso hacia el acercamiento de nuestros pueblos hermanos y hacia la verdadera reconciliación histórica aplicando en este caso recta justicia y entregando al Perú, - para que sea procesado en las 21 causas abiertas -, a quien durante cinco años se burló del país usando una nacionalidad que jamás declaró antes de su fuga, y que, luego de hacer escarnio de nuestras instituciones durante 10 años con sus actos delictivos y sumir a la nación peruana en la más grave crisis de desarrollo humano de nuestra vida republicana contemporánea, simplemente terminó renunciando vía fax, luego de huir. Reciban, entonces, las expresiones de nuestro reconocimiento y el saludo del Instituto de Derechos Humanos del Perú, con la esperanza cierta que ustedes y nosotros formamos parte de la misma familia humana de esta patria latinoamericana que puede mirar con dignidad a sus hijos. Muy atentamente, Luis Alberto Salgado T. Raúl Haya de la Torre Presidente, IDH Vice-presidente, IDH www.institutoddhh.org INSTITUTO DE DERECHOS HUMANOS, IDH, Lima www.institutoddhh.org COMUNICADO EL INSTITUTO DE DERECHOS HUMANOS (IDH), LIMA, PONE EN CONOCIMIENTO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DEL PAÍS TODO, QUE ESTARÁ PRESENTE ESTA TARDE A LAS 6 PM. FRENTE A LA EMBAJADA DE CHILE PARTICIPANDO EN EL ACTO PÚBLICO PACÍFICO A FIN DE SOLICITAR LA PRONTA ENTREGA DEL PRÓFUGO ALBERTO FUJIMORI AL PERÚ, ACCEDIENDO AL PEDIDO DE EXTRADICIÓN SOLICITADO POR NUESTRO PAÍS. EL INSTITUTO DE DERECHOS HUMANOS CONSIDERA QUE ESTE ES UN ACTO DE PROFUNDA AFIRMACIÓN DEMOCRÁTICA Y EN DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS QUE COMPROMETE A TODAS LAS FUERZAS QUE COMBATEN POR LA DEMOCRACIA Y POR LA JUSTICIA SOCIAL EN EL PERÚ. LIMA, 7 DE NOVIEMBRE, 2005 OCTUBRE 2005 NOTA DE PRENSA INSTITUTO DE DERECHOS HUMANOS, IDH, Lima www.institutoddhh.org En relación al debate sobre el carácter revisable de las decisiones del JNE, el presidente del Instituto de Derechos Humanos (IDH), Luis Alberto Salgado, puntualizó que un sistema constitucional no puede amparar ni convalidar el prevaricato y que la decisión de cualquier institución debe estar sujeta al principio de la doble instancia. En este caso, debe siempre haber control de las decisiones judiciales, administrativas o parlamentarias que vulneren el debido proceso y con ello, otros derechos humanos. “El JNE no puede ser una isla al margen de los intereses jurídicos de la nación, del principio del equilibrio de poderes y de la protección ética de la sociedad peruana. Sostener lo contrario es incurrir en abuso en el ejercicio del derecho y violar claras disposiciones del derecho internacional de derechos humanos y ello es sencillamente inaceptable”. Sobre la hipotética venida de A. Fujimori dijo que: “”En defensa de los derechos humanos, en cumplimiento del orden jurídico del país y de los tratados internacionales que el Perú debe honrar, la Policía Nacional del Perú deberá detener inmediatamente y poner a disposición de la justicia al prófugo Alberto Fujimori tan pronto pise territorio nacional. El Ministro del Interior en cumplimiento de sus deberes de función, ha de alertar a todas sus dependencias a fin de cumplir con los mandatos judiciales de captura que pesan hace años sobre la persona referida” El representante del IDH agregó que “sobre el señor Fujimori, recaen dichas órdenes de captura como consecuencia de sendos procesos judiciales en los que se han ofrecido y actuado muchas pruebas plenas y testimonios que confirman la participación intencionada en graves delitos y crímenes de lesa humanidad, cometidos con conciencia y voluntad, de quien fuera jefe de Estado de 1990 al 2000, en un amplio conjunto de decisiones, acciones y políticas de Estado que tuvieron incidencia directa en violaciones sistemáticas y reiteradas de derechos humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales (asesinatos), y el saqueo permanente de los recursos del Estado, que son de todos los peruanos y que fue la causa principal del empobrecimiento a nivel de miseria de millones de personas.” Señaló asimismo, que “Fujimori encabezó un gobierno absolutamente corrupto habiendo hecho enorme daño a nuestra juventud y adolescencia (por el pésimo ejemplo exhibido), frenó el proceso histórico del Perú que necesitaba avanzar en su desarrollo humano y democrático, y poniendo en evidencia a nivel continental, para vergüenza del país, los siniestros negociados, componendas y robos para seguir usufructuando del poder casi total que concentraron Fujimori y Vladimiro Montesinos, en beneficio propio y de otros individuos con intereses económicos, empresariales y financieros que obtuvieron ingentes ganancias. De todo ello es responsable el gobierno de Fujimori y de ahí el carácter legal y obligatorio del cumplimiento de esas órdenes judiciales. La tuberculosis, el desempleo, la malnutrición y desnutrición de nuestra niñez que crecían año a año están entre otras de las consecuencias más graves del carácter delictivo de ese gobierno. Es más, Fujimori nunca ha expresado sincero arrepentimiento por lo cometido ni mucho menos ha devuelto la enorme cantidad de millones de dólares que le extrajo al país, dineros que utiliza para financiar su defensa a través de sus testaferros en el Perú.” Lima, 28 de octubre, 2005 NOTA DE PRENSA INSTITUTO DE DERECHOS HUMANOS, IDH, Lima www.institutoddhh.org En relación al reciente informe de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, en el que señala que el salario mínimo en el Perú representa menos de la tercera parte del de 1980, y que la tasa de desempleo urbano y el empleo informal en el país han aumentado, el presidente del Instituto de Derechos Humanos, IDH, Luis Alberto Salgado, señaló que ello evidentemente somete a la población a mayores abusos y vulnerabilidades y confirma que el Estado peruano, con sus políticas públicas, incumple su obligación de garantizar los derechos de subsistencia mínima de los peruanos a que está obligado por ser parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, PIDESC, y de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que forman parte del derecho interno del Perú. Agregó que al igual que el pasado régimen de Alberto Fujimori, el gobierno de Alejandro Toledo viene interpretando indebidamente y violando, el artículo 2.1 del PIDESC que lo obliga a “lograr progresivamente...la plena efectividad de los derechos”. Ello supone que “los Estados Partes actúen con toda la rapidez posible para lograr la efectividad de los derechos” y que “bajo ninguna circunstancia esto será interpretado de manera que implique que los Estados tienen el derecho de aplazar indefinidamente esfuerzos destinados a asegurar la plena efectividad”.(Principios de Limburgo sobre el PIDESC). Es decir, el gobierno peruano está obligado a adoptar inmediatamente medidas para cumplir sus obligaciones, lo que no hace. Por el contrario, el Estado aplica medidas que agravan la situación. El representante del IDH señaló que el Informe de la OIT, así como ótros de la OMS sobre la grave situación de nutrición y salud de la niñez y la adolescencia peruanos dejan en una posición comprometida al gobierno del Perú, ante su población y ante la comunidad internacional, pues resulta evidente que no hay utilización eficaz de los recursos de que se disponen. Esto a su vez significa la violación del artículo 2.2. del PIDESC que establece el compromiso de no discriminación por motivos de posición económica pues el gobierno aplica fuertes impuestos indirectos que impactan en los pobres y sectores medios mientras favorece con exoneraciones y reducidos impuestos directos a sectores económicamente poderosos como a transnacionales de servicios y mineras. No debe olvidarse, dijo, que la violación sistemática de los derechos económicos y sociales socava la seguridad nacional. Finalizó afirmando que la obligación alcanza al Congreso pues el art. 2.1 del PIDESC se refiere claramente a la “adopción de medidas legislativas” sobre todo a través del presupuesto y otras leyes, cuyos resultados de varios años son sencillamente deleznables para los fines del desarrollo humano de la población. Dijo que los partidos políticos en el Parlamento así como los candidatos que pugnan por alcanzar la Presidencia de la República deben ser muy claros con el electorado en torno a estas obligaciones que hasta el momento el Estado peruano incumple flagrante, reiterada y sistemáticamente. Lima, 20 de octubre, 2005 SETIEMBRE 2005 Nota de Prensa INSTITUTO DE DERECHOS HUMANOS, IDH, Lima www.institutoddhh.org En relación a las confesiones realizadas por Julio Chuque, Isaac Paquiyauri y Marco Flores, tres ex miembros del Servicio de Inteligencia del Ejército del autodenominado grupo “Colina”, en las que reconocen su participación en los asesinatos de Barrios Altos, La Cantuta, El Santa y del periodista Pedro Yauri, aceptando íntegramente los términos de la acusación fiscal, el presidente del Instituto de Derechos Humanos (IDH), Luis Alberto Salgado, señaló que ello constituía un importante avance en los procesos para establecer la responsabilidad de los más altos funcionarios del Estado del régimen 1990-2000 en la perpetración de los mencionados crímenes, lo que llevará al debido procesamiento, juzgamiento y sentencia para los principales responsables de esos delitos de lesa humanidad. El representante del IDH agregó que no obstante que ya existían fuertes indicios y elementos de prueba que establecían claramente la decisiva participación de Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos y Nicolás Hermoza en esos crímenes, las confesiones efectuadas por los mencionados ex oficiales confirman de manera contundente que desde los más altos niveles del Estado, y con aprobación y consentimiento del mismo ex presidente Fujimori, se promovió, respaldó, y apoyó de manera sistemática, premeditada y usando todos los recursos del Estado, la realización de esos actos criminales que la sociedad debe deplorar y condenar. Agregó que las actividades terroristas perpetradas por grupos subversivos nunca pueden ni deben responderse con terrorismo de Estado pues ello, aparte de ser crímenes penados por la ley, descalifica categóricamente a cualquier régimen presuntamente democrático, envilece a quienes los ejecutan y le quita toda autoridad moral a quienes los respaldan erosionando gravemente los fundamentos sobre los que se erige el Estado que representa a una nación. Finalizó señalando que la sociedad peruana debe superar esa etapa de oprobio y de violencia erradicando la impunidad y empleando los instrumentos del Estado de derecho y de la democracia. Sólo así se irán creando condiciones y cimientos para el desarrollo integral de los peruanos. Lima, 16 de septiembre, 2005 NOTA DE PRENSA INSTITUTO DE DERECHOS HUMANOS, IDH, Lima www.institutoddhh.org En relación al Informe Sobre Desarrollo Humano 2005 publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, el Presidente del Instituto de Derechos Humanos, (IDH), Luis Alberto Salgado, precisó que dicho documento debe hacer reflexionar a las autoridades gubernamentales y reconocer que la situación de la mayoría de peruanos sigue siendo de pobreza y extrema pobreza, no habiendo variado significativamente la situación general del país en términos del desarrollo humano de su población, lo cual sigue ubicando al Perú entre los últimos lugares de América Latina, no obstante haber pasado del puesto 85 al 79 en el denominado “ranking mundial”. Agregó que los indicadores fundamentales de desarrollo humano real no han tenido mayor variación según el referido informe de PNUD y que ello se ve reflejado claramente en la calidad de vida de millones de peruanos, señalando que no se aprecia que el llamado “chorreo” de la economía hacia los pobres -término que ofende la dignidad de los seres humanos- beneficie de manera visible ni sustancial a las familias peruanas. Puntualizó que no ha habido distribución con equidad ni justicia social y que, por el contrario, los presupuestos de salud y educación, que deben ser prioridad, son muy insuficientes o han disminuido en relación al año pasado, que ya eran exiguos, y que ello refleja una voluntad y decisión de políticas públicas que no benefician a la población. Que esto debe cambiar significativamente si queremos observar una transformación real en la vida de los peruanos. Señaló finalmente que es preocupante que el gobierno quiera proceder a firmar un tratado de libre comercio en condiciones de inferioridad negociadora y habiendo excluido del debate y participación a los diferentes sectores de la sociedad que deben decir su palabra pues será la calidad de vida de las actuales y futuras generaciones de peruanos que quedará comprometida por decisiones que fueron tomadas apresuradamente y sin las debidas consultas en un proceso auténticamente democrático que hasta hoy no se ha dado. Lima, 12 de septiembre de 2005 JULIO 2005 El lunes 25 de julio el Tribunal Constitucional hizo pública su decisión de declarar inconstitucional la ley 28568 que equiparaba el arresto domiciliario con la prisión efectiva. En razón de tal resolución el Instituto de Derechos Humanos hizo público su reconocimiento a los miembros de dicho Tribunal a través del diario "La República" el último jueves 28 de julio. A continuación el texto en referencia: RECONOCIMIENTO El INSTITUTO DE DERECHOS HUMANOS, IDH, expresa su reconocimiento a los señores miembros del Tribunal Constitucional por su reciente decisión de declarar inconstitucional la ley 28568 cuya aprobación y promulgación por los poderes del Estado había causado honda preocupación y justificada indignación en amplios sectores de la ciudadanía pues constituía un grave revés en la lucha contra la corrupción en el país. Al hacerlo, el IDH también formula votos para que el pueblo del Perú encuentre caminos de justicia social y desarrollo humano sin desmedro de su libertad, y que los poderes del Estado expresen cabalmente en políticas públicas esos elevados objetivos nacionales. El viernes 15 de julio último el Instituto de Derechos Humanos emitió el siguiente Pronunciamiento en relación a los problemas surgidos en la lucha contra la corrupción. Aparte de su envío a los medios de comunicación -prensa hablada, escrita y televisada- fue remitido por correo electrónico a distintos sectores, entidades y organizaciones del sector público, privado y de la sociedad civil. El documento, además, fue publicado en el diario "La República" el jueves 21 de julio PRONUNCIAMIENTO La corrupción viola los derechos humanos y destruye la democracia Ante la gravedad de los hechos ocurridos la última semana, el Instituto de Derechos Humanos se dirige al país y declara: 1. La construcción de un Estado que respeta y defiende los derechos humanos demanda una conducta limpia y coherente de las autoridades del Gobierno, del Congreso y del Poder Judicial, para mantener, o recuperar en su caso, la credibilidad en la democracia y en sus instituciones. El combate a la pobreza supone decisiones transparentes del Ejecutivo, legislación y comportamiento sanos de los representantes en el Parlamento y una correcta administración de justicia. Cuando falla uno de estos tres componentes centrales una sociedad entra en crisis, pero cuando el déficit se presenta en las tres ramas del Estado, entonces la gravedad debe conmover las conciencias de todos quienes no están dispuestos a renunciar a un país civilizado, con decencia y justicia social. 2. La Convención Interamericana Contra la Corrupción, de la cual es parte el Perú, señala que “la corrupción socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así como contra el desarrollo integral de los pueblos” y que “el combate contra la corrupción fortalece las instituciones democráticas, evita distorsiones de la economía, vicios en la gestión pública y el deterioro de la moral social”. El IDH considera que la aprobación por el Congreso de la ley 28568 que equipara el arresto domiciliario con la prisión efectiva, y su no observación por el Ejecutivo, no obstante su ulterior derogatoria, representa un gravísimo revés en el camino para recuperar al Perú, para reconstruir sus instituciones y fortalecer los cimientos de la sociedad sobre la ética de la solidaridad y la justicia social. Resulta evidente que ese dispositivo favorece a la corrupción. 3. En el Perú existen alrededor de 35,000 personas siendo procesadas, o cumpliendo sentencia, que se encuentran privadas de su libertad. De ese número, sólo alrededor de 70 (setenta), es decir el 0.2 %, gozan de un tratamiento especial denominado “arresto domiciliario” que si bien es una medida que restringe la libertad, de ninguna manera cabe equipararla con prisión efectiva. Esta situación, creemos, lesiona principios constitucionales básicos, como el de igualdad ante la ley y el deber de proteger a la población. Por ello esperamos que, en ese sentido, se pronuncie el Tribunal Constitucional. 4. La actual situación plantea un desafío a quienes aspiran a gobernar el Perú a partir del 2006, poniendo a prueba la autenticidad del compromiso de los partidos políticos con la justicia social y con los derechos humanos. Por ello, es fundamental que sus dirigencias recojan el clamor de la sociedad para que no se renuncie a la prevención y a la lucha contra la corrupción. 5. El IDH, uniéndose al sentir de la población, exhorta a los tres poderes del Estado, para que no se defrauden las expectativas y esperanzas de los peruanos, y junto con amplios sectores de la sociedad civil les invoca para que prioricen el combate a la corrupción. Ello es inseparable de la lucha contra la pobreza y de la búsqueda de la eficiencia del Estado, para avanzar sustancialmente en el desarrollo humano, con empleo bien remunerado y con salud y educación para todos, especialmente para los más indefensos y vulnerables, que son la mayoría del Perú. Lima, julio 2005 INSTITUTO DE DERECHOS HUMANOS www.institutoddhh.org JUNIO 2005 PRONUNCIAMIENTO EMITIDO EL 21/06/2005 EN LOS DIARIOS "LA REPÚBLICA" Y "PERÚ21". PRONUNCIAMIENTO Los derechos humanos: imperativo ético y estratégico para el desarrollo humano de todos los peruanos 1. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, los Pactos Internacionales de Derechos Humanos y la Convención de los Derechos del Niño, entre otros instrumentos, forman parte de nuestro derecho interno y son plenamente exigibles al Estado. 2. El Estado peruano tiene obligaciones con la alimentación, la salud, la educación, el trabajo digno y bien remunerado y la niñez, y debe rendir cuentas de sus acciones para cumplir los compromisos con la nación y la comunidad internacional. El Perú no puede invocar sus leyes o vacíos legales como justificación de incumplimiento de ningún tratado internacional (Art. 27, Convención de Viena sobre Tratados). 3. De los Informes sobre Desarrollo Humano 2000, 2003 y 2004 de las Naciones Unidas se constata que el Perú incurre en grave incumplimiento de las obligaciones contraídas. Los presupuestos de salud y educación son insuficientes e impactan negativamente en la calidad de vida de millones de peruanos, ubicando al Perú entre los últimos lugares de desarrollo humano en América Latina. Las políticas económica y financiera no distribuyen con equidad ni justicia social, ni generan fuentes de trabajo estable. No hay reinversión en industrias para el desarrollo del país y más de 14 millones de peruanos en pobreza y pobreza extrema sintetizan el drama nacional reflejado en esos Informes. 4. La pobreza bloquea y condiciona la realización de los derechos humanos y el Estado incumple las políticas públicas para erradicarla, verificándose grave falta de voluntad política para: procurar el crecimiento económico en beneficio de los pobres, reestructurar el presupuesto en favor de los sectores sociales, reorientar la iniciativa estatal hacia el crecimiento sostenido del empleo, garantizar la participación ciudadana en temas claves para la nación (como el TLC), y proteger los recursos ambientales, violándose así la Declaración Universal y los tratados internacionales. Contrariamente, se privilegia y protege el interés de poderosos grupos económicos, nacionales y extranjeros. 5. La Defensoría del Pueblo, sin titular desde noviembre del 2,000, se ha debilitado año a año limitando su iniciativa y capacidad, y perjudicando severamente la defensa de los derechos humanos. El Congreso debe convocar nuevo concurso, con equidad y legalidad, y crear las condiciones para su institucionalización y fortalecimiento. En este contexto el IDH insta: Al Estado peruano a que cumpla con los tratados internacionales con los que está obligado. Que el Gobierno cambie sustancialmente sus políticas sociales y económicas, asigne los recursos necesarios y priorice la promoción y generación de empleo, la alimentación, la salud, la educación, la justicia y la seguridad ciudadana. Que el Congreso re-oriente las políticas de Estado y de gobierno a través del presupuesto y leyes a favor de los sectores mencionados. Que el Poder Judicial, sin renunciar a la propuesta para hacer eficaz sus acciones, optimice sus recursos para: agilizar los procesos en pro de una justicia pronta y cumplida, sancionar efectivamente la corrupción pública (que alcanzó su máxima expresión en el régimen fenecido en el año 2000) y privada, que tiene efectos perniciosos en la ética pública y en el bienestar de la población y, erradicar la impunidad para defender la vida. A los partidos políticos u otras organizaciones que participarán en el proceso electoral del 2006: a plasmar en sus programas y planes de gobierno, metas y acciones concretas para el cumplimiento de los tratados internacionales de derechos humanos, que son camino seguro para el buen gobierno, el desarrollo y la paz social. A los ciudadanos y a la sociedad civil organizada: a proponer soluciones y vigilar la acción del gobierno y de quienes aspiran a gobernar. El IDH afirma que la recuperación de la credibilidad en el sistema democrático, la confianza en sus instituciones, y la convivencia fraterna entre los peruanos comienza con nosotros como sociedad, para transformarla y construirnos un Estado donde la dignidad, la solidaridad, la justicia social y el respeto a los derechos humanos sean siempre las prioridades inalterables de quienes toman las decisiones. Lima, junio 2005 Luís Alberto Salgado Tantte Padre Ricardo Morales Basadre, S.J. Presidente, Consejo Directivo Presidente, Consejo Consultivo Jr. Mariano Rivero y Uztaraiz (ex calle 4) 145 – Of. 202 Huertos de San antonio - Surco Telf. 270-2397 *www.institutoddhh.org*

La corrupción viola los derechos humanos y destruye la democracia